Ilegalidades de la DGT

Siento no postear más a menudo, pero la verdad es que el primer trimestre del año está siendo mucho más ajetreado de lo que esperaba, sobre todo a nivel profesional. Pero bueno, como en estos tiempos parece que no está demasiado bien visto quejarse por exceso de trabajo, sólo diré que me quejo por el poco tiempo libre que me queda últimamente. :-)

Hoy me ha sorprendido un post publicado por Samuel Parra en el que habla de que el sistema de consulta de puntos de la DGT es ilegal, pero no lo van a cambiar. Lo que más me ha llamado la atención son las declaraciones efectuadas por el responsable de informática, en las que se justifica que la organización no está dispuesta a cambiar el sistema porque "el organismo no se ve obligado desde un punto de vista jurídico ". Una afirmación con la que, sin ser abogado, creo que no puedo estar de acuerdo.

En la web de la DGT hablan de sí misma como Organismo Autónomo adscrito al Ministerio del Interior. Por tanto, entiendo que a la DGT le aplica por completo la Ley 11/2007, que en su Artículo 2 indica que dicha ley le será de aplicación a las Administraciones Públicas, entendiendo por tales la Administración General del Estado (...), así como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las mismas. Así que, si consideramos que la consulta de puntos no es una actividad que la DGT desarrolle en régimen de derecho privado, que es la única excepción que preve la ley en este punto, yo entiendo que tanto dicha Ley como toda la reglamentación que se desprenda de ella le aplica por completo. De hecho, una de las disposiciones finales habla específicamente de temas de tráfico...

Siguiendo con ese razonamiento, entiendo que también le son aplicables el Real Decreto 1671/2009, que en su Artículo 1 indica que dicho real decreto "tiene por objeto desarrollar la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos en el ámbito de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ésta, en lo relativo a la transmisión de datos, sedes electrónicas y punto de acceso general, identificación y autenticación, registros electrónicos, comunicaciones y notificaciones y documentos electrónicos y copias". Y por último, creo que también le es aplicable el Esquema Nacional de Seguridad, puesto que en su Artículo 3 indica que el ámbito de aplicación de este real decreto será "el establecido en el artículo 2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio´", y no creo que se pueda aplicar en este caso la excepción de los secretos oficiales.

En definitiva, no sólo creo que no es cierto que no exista obligación jurídica de subsanar las graves deficiencias encontradas, sino que considero que la obligación jurídica es completamente la contraria. Considero que existe una obligación jurídica bastante sólida de que dicho sistema ofrezca garantías reales de seguridad, y no sólo desde el punto de vista de la LOPD sino también desde un punto de vista más amplio, tal y como establece la Ley 11/2007. Así que esperemos que alguien se lo cuente a la DGT y se pongan a trabajar antes de que expiren los plazos establecidos por estas leyes y con ellos las excusas para no cumplirlas...