Sí, lo reconozco. He sucumbido a la tentación de hablar de Wikileaks y la seguridad. Supongo que era inevitable... Aunque espero que mi planteamiento sea provocador. ¿Pueden tener razón tanto defensores como detractores de Wikileaks, simultáneamente y por los mismos motivos? Yo creo que sí.
Los partidarios de Wikileaks defienden la transparencia de los gobiernos, argumentan que es beneficioso que la información que tiene Wikileaks salga a la luz, por su interés público. Defienden que la transparencia de los gobiernos tiene efectos positivos sobre la socidad. Por contra, sus detractores esgrimen que Wikileaks no es la propietaria de la información, y por tanto no tiene derecho a decidir sobre su difusión, ni por supuesto a difundirla, ya que sus propietarios no lo han hecho. Afirman que su difusión puede poner en riesgo a ciertos sectores de la sociedad.
Parece claro que el fondo de la polémica (al menos de la principal, que hay muchas otras) está en la clasificación de la información. Para unos esa información debe ser pública, para los otros debe ser confidencial. Y ambos utilizan el mismo argumento: el impacto que puede tener en la sociedad la divulgación de esa información. Para los primeros muy positivo, para los segundos muy negativo. ¿Cómo puede ser?
El factor diferencial de ambas argumentaciones va un poco más allá, y ataca directamente al origen de la seguridad: las responsabilidades. Ambas parten de la misma premisa: debería ser el "propietario real" de la información quien tuviera la responsabilidad de clasificar esa información, y de aplicar las medidas de seguridad apropiadas a dicha clasificación. No obstante, cada uno responde a esa pregunta de forma distinta. Unos argumentan que los propietarios reales de la información son los ciudadanos, otros que sus propietarios reales son los gobiernos. Los primeros defienden medidas de seguridad que garanticen la disponibilidad de la información, que catalogan como pública, y critican a los que atacan dicha disponibilidad y quieren restringir su difusión. Los otros catalogan esa misma información como confidencial, y por tanto defienden las medidas de seguridad encaminadas a garantizar su distribución limitada y critican a los que quieren difundirla públicamente. Mismos argumentos, conclusiones opuestas.
Y el problema es que, en el fondo, ambos tienen razón. Por un lado, la información es de los gobiernos, y por otro los gobiernos se deben a sus ciudadanos. El debate, en realidad, no es técnico, sino político. O mejor dicho, filosófico. Y si no me creéis, desenpolvad vuestros libros de filosofía del instituto y echadle un vistazo a la obra de Montesquieu, Hobbes y otros filósofos del pasado, y veréis cómo las noticias "de actualidad" tienen mucho más de "clásicos" de lo que nosotros pensamos...
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2 comentarios:
Buenas, Joseba
En el aire queda la pregunta de si Wikileaks es un medio de comunicación social, y por tanto si por ello se benefician de los privilegios del periodismo desde un punto de vista jurídico, en especial libertad de información, ausencia de obligación de revelas sus fuentes,...
Por otro lado, si los Gobiernos le dan tanta importancia a sus informaciones, ¿cómo es posible que nuestra normativa de secretos oficiales esté tan anticuada?¿Has visto que se entiende son materias clasificadas?¿No echas en falta muchas informaciones dentro del alcance de este concepto?
Un saludo
La duda de si Wikileaks es un medio de comunicación no es trivial, aunque... Lo son los blogs? ¿O incluso la página web de un periódico? Creo recordar que los jueces no consideraron que la web de El País tuviera el mismo estatus que su diario... Así que entiendo que según la legislación española Wikileaks tampoco lo sería.
Por otro lado, por lo poco que conozco en relación a la protección de los secretos oficiales, tengo la sensación de que la preocupación en este ámbito es más práctica que formal. Vamos, que aunque no se preocupen demasiado del aspecto normativo sí que se cuidan de aplicar medidas de protección a esa información. Aunque sí que es cierto que a esa ley no le vendría mal una actualización, sobre todo cuando queda expresamente excluida de la nueva regulación que va surgiendo. Aunque quizás el CCN ya lo tenga en mente...
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